El propio presidente José Mujica aseguró que La Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) es una de las prioridades del gobierno. Si bien aseguran que en el Presupuesto Nacional no hay recursos destinados a la empresa estatal y que el presidente de AFE, Alejandro Orellano, dijo “No toquen nada que la empresas por si sola no puede salir y por eso los fondos se conseguirán a través de una ley, donde todavía no se ha logrado acuerdo”.
José Mujica dijo desde que asumió que una de sus prioridades es la reconstrucción de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE). Así lo hizo saber en el Congreso de intendentes realizado a principios de ese mismo año, cuando comentó “va a haber ferrocarril” tres veces, más allá que en el Presupuesto nacional no hay fondos destinados a la AFE.
Orellano, que además fue vicepresidente durante la gestión anterior, dijo que los caminos que se usaron anteriormente no dieron resultados. “Tal vez se trataba de buscar por otras vías, que finalmente no se hicieron. Tenemos claro y lo considero como ciudadano, que el Estado no tiene los recursos como para hacerse cargo de este tipo de proyectos y tiene que destinar el dinero a otras prioridades”, sostuvo.
Las autoridades de AFE esperan que el proyecto se apruebe a mediados de año para continuar con las obras que se están haciendo.
Durante el 2009, los trabajos comenzaron en el tramo que va desde la localidad de Pintado, en Florida, hasta Rivera. La obra en esta zona tiene un costo total de más de 60 millones de dólares e implica la restauración de 422 kilómetros de vía. Esta zona es considerada estratégica por las autoridades ya que además permitirá poner en funcionamiento la interconexión ferroviaria con Brasil. “Nos va a permitir una amplitud comercial que hoy no tenemos. Se podrá captar la demanda del sur de Brasil y esto pueda hacer que Montevideo se catapulte aún más como polo de entrada y salida de productos de la región”, señaló.
AFE pretende continuar con las obras en el tramo Rivera-Fray Bentos, al que consideran prioritario por la demanda de carga en la zona.
Unos 300 millones de dólares se necesitarían para poner en marcha una red operativa de de 1.700 kilómetros de vía, que tuvo su máximo histórico en 1984, cuando funcionaban 3.000 kilómetros.
Una de las opciones que se maneja es la Asociación público-privada, donde el Estado se encargaría de proveer de la infraestructura a los inversores, y la otra opción sería crear una Asociación Público-Publica, donde ya se tiene experiencia.
Este régimen, que se conoce como APP, fue la forma de financiamiento y gestión que se encontró para llevar a cabo las reformas del tramo Pintado-Rivera. De un acuerdo entre AFE y la Corporación Nacional para el Desarrollo, surgió la Corporación Ferroviaria del Uruguay, una empresa con fondos estatales que se gestionó como una privada.
Pero se debería esperar que entre en vigencia una Ley para que cualquiera de estas dos iniciativas se lleve a cabo. “Se está viendo la mejor alternativa, se están analizando modelos de otros países para adaptarlos a nuestra situación y, como está focalizado hacia el mercado de carga, se está viendo cuál es la mejor forma de canalizar la demanda insatisfecha que existe. El mercado necesita la presencia de un modo ferroviario firme y lo importante es conseguir los fondos y que la reforma se haga”, afirmó Orellano.
Los cambios previstos por AFE harán que al final del periodo se duplique o triplique la capacidad de tráfico que hay actualmente en las vías, en donde se pasará de 1.400.000 toneladas a 3.000.000 toneladas, la velocidad de circulación se aumentará a 40 kilómetros hora promedio, con 18 toneladas de carga por eje.
También se agregará un sistema de control de carga con GPS para que las empresas puedan monitorear el traslado de las mismas desde sus oficinas.
Actualmente están todos de acuerdo en que así como está hoy, AFE “no camina” y se debe hacer algo, por ello el presidente de la Comisión de Transporte del Parlamento, el diputado Jorge Pozzi del Nuevo Espacio, dijo que se han mantenido encuentros con Transporte y Economía, pero que no hay consenso para llevar a cabo el proyecto de ley.
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